VUELVE LA REUNIÓN DE EXPERTOS EL 21 DE OCTUBRE DE 2021

La pandemia de Covid-19, que lleva más de 18 meses haciendo estragos, ha tenido profundas y múltiples consecuencias para las personas, su salud, sus actividades y sus ingresos, lo que subraya la importancia de que los países dispongan de un sistema de protección social en todas sus dimensiones: cobertura sanitaria, ayuda financiera a las empresas, planes de asistencia a los empleados, etc. Hoy, 55%[1] de la población mundial no tiene acceso a ninguna forma de protección social, a pesar de que la comunidad internacional lo ha reconocido como un derecho humano fundamental.

La protección social, que abarca realidades y organizaciones diferentes en los distintos países y moviliza a un amplio abanico de agentes -desde las instituciones públicas a las empresas, pasando por la sociedad civil-, no es sólo un sistema de apoyo para hacer frente a los riesgos de la vida (pérdida del empleo, enfermedad, dependencia, discapacidad), sino también una poderosa herramienta de redistribución de la riqueza nacional, que contribuye a reducir la pobreza y a reforzar la cohesión y la estabilidad sociales. Además, la protección social es una herramienta fundamental para garantizar la resiliencia de las economías y las poblaciones frente a las perturbaciones y las crisis, ya sean económicas, sanitarias o climáticas. En todos estos aspectos, es una herramienta para un desarrollo económico y social armonioso.

En 2030 habrá 8.500 millones de personas en el planeta: ¿cómo garantizar una vida digna para todos y ofrecer soluciones a los diversos riesgos y crisis que se avecinan? ¿Cómo puede la cooperación internacional apoyar a sus socios en el diseño e implementación de sistemas de protección social adaptados a su contexto y recursos? Por último, ¿cómo garantizar que estos modelos sean eficaces y sostenibles, sobre todo desde el punto de vista financiero?

[1] según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

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