¿Qué tipo de fiscalidad para reforzar el contrato social?

Según el diccionario Larousse, el impuesto es una "deducción hecha por la autoridad y con carácter definitivo de los recursos o bienes de los particulares o de las colectividades, y pagada en dinero para hacer frente a los gastos de interés general del Estado o de las colectividades locales".

Sí, la fiscalidad permite movilizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado y las inversiones públicas.
Sin embargo, su cometido va más allá: la fiscalidad influye en las decisiones de los agentes económicos. Es un instrumento de política pública que puede promover la justicia social, en respuesta a desequilibrios estructurales o cíclicos. También puede ser un vector de participación ciudadana y una condición para la aceptación de la legitimidad de las instituciones.

En otras palabras, pagar impuestos significa aceptar el contrato social y dotarse de los medios para vivir juntos.

Si, como hemos dicho, la fiscalidad desempeña un papel particular en la construcción de la sociedad, ¿una presión fiscal baja es sistemáticamente sinónimo de un contrato social debilitado?
¿Qué implicaciones tienen estas cifras para la convivencia en los países que menos recaudan?
¿Es la inestabilidad político-institucional caracterizada por varios golpes de Estado en la subregión, indirectamente, una manifestación de las dificultades experimentadas por los países para proponer un contrato social sano y justo?
¿Debe juzgarse la eficacia de una política fiscal únicamente por la cantidad de ingresos recaudados?

En otras palabras:

¿Cómo implantar un sistema fiscal que responda a los retos de financiación de las necesidades del Estado y, al mismo tiempo, cree vínculos sociales para mejorar la vida comunitaria y la confianza en las instituciones?

---

(Re)vea los vídeos emitidos durante el evento en directo: